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“Vigilando a las buenas madres”: una perspectiva feminista sobre la datificación en la política social desde Familias en Acción

Presentación de "Vigilando a las 'buenas madres", investigación de Fundación Karisma que analiza cómo el programa de transferencias monetarias Familias en Acción en Colombia, apoyado en la datificación, afecta la autonomía y la dignidad de las mujeres-madres beneficiarias.

Published onJul 07, 2023
“Vigilando a las buenas madres”: una perspectiva feminista sobre la datificación en la política social desde Familias en Acción

El programa de transferencias condicionadas Familias en Acción entrega beneficios monetarios a más de 2 millones de familias y es uno de los programas más consolidados en la política social en Colombia (Departamento de Prosperidad Social, 2021). A pesar de ser catalogado como un éxito en términos de reducción de la pobreza (Llano, 2014), este programa es una muestra de cómo la administración de programas sociales afecta la autonomía y dignidad de las mujeres a través de una compleja red de vigilancia institucional y estereotipos que imponen cargas sobre sus vidas. En este documento partimos de un lente que nos permita visibilizar cómo Familias en Acción y sus procesos de clasificación afectan específicamente la experiencia de las mujeres-madres beneficiarias. 

El texto tiene como objetivo señalar algunas preocupaciones sobre el impacto de los sistemas de datos y la vigilancia sobre las mujeres desde un enfoque que se aleja de los resultados económicos del programa. El trabajo se enmarca dentro de una investigación realizada por la Fundación Karisma para analizar el uso de datos en la política social desde una perspectiva de derechos humanos.1

Para esto, es necesario entender que la pobreza no afecta de manera equitativa a las personas. De hecho, son las mujeres quienes engrosan las cifras de la pobreza y la pobreza extrema en Colombia y en el mundo. (ONU Mujeres, 2018) A pesar de que los índices de pobreza en el país mejoraron en el período de 2007 a 2018, la pobreza de las mujeres aumentó. (ONU Mujeres, 2018a) Este escenario justifica la necesidad de utilizar un enfoque de género que pueda aportar a la comprensión de los impactos diferenciados de los sistemas de datos en la protección social sobre las mujeres. 

Primero, vamos a describir el contexto de la focalización de los programas sociales y las Transferencias Monetarias Condicionadas en América Latina. Después vamos a analizar cómo funciona la vigilancia en Familias en Acción y sus impactos sobre la autonomía y la dignidad de las mujeres. Finalmente, llegamos a unas conclusiones y recomendaciones para la implementación de sistemas de datos en este tipo de asistencia social.

Contexto

Desde los 90, América Latina se enfrentó a una nueva era marcada por la liberalización de la economía y la privatización de los servicios públicos. En este contexto, las políticas de atención a la pobreza se centraron en la focalización del gasto social. (Castañeda, 2005; López, 2020; Rodríguez, 2011, 2011a) La focalización es una alternativa que busca la eficiencia de los recursos disponibles por medio de la asignación de grupos focales predefinidos. (Rodríguez, 2011) La selectividad resultaba necesaria debido a las restricciones presupuestarias. De esta manera, las personas en pobreza y pobreza extrema se convirtieron en la población-objetivo en el país.

En 1994, Colombia creó el Sistema de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén) que clasifica a las personas en términos de pobreza y es utilizado para asignar más de 19 programas sociales. Para esto, se recogen datos por medio de encuestas masivas y, de acuerdo a las reglas definidas por el Gobierno, se genera una clasificación para el grupo familiar. (López, 2020) En esta calificación operan procesos de representación que determinan cómo el Estado encara la pobreza. La representación institucional de la pobreza obedece a supuestos y elecciones que no son neutrales y que ilustran un discurso estatal determinado. 

Uno de los programas sociales que utiliza el Sisbén es Familias en Acción (en adelante FA) que inició en el año 2000 y se inscribe dentro de lo que se conoce como una Transferencia Monetaria Condicionada (en adelante TMC). Las TMC buscan subsidiar a las personas que no pueden acceder a los precios del mercado por bienes y servicios a cambio de cumplir con unas condiciones determinadas por el Estado. (Rodríguez, 2011) Las condicionalidades son la columna vertebral en este tipo de asistencia social y, en el caso de FA, estructuran la dimensión moral subyacente a la mirada institucional sobre el rol de las mujeres en la superación de la pobreza. 

FA se diseñó en respuesta a la crisis de los 90 para promover la formación de capital humano en las familias en extrema pobreza, a través de subsidios condicionados a la asistencia escolar y al cuidado de la salud y la nutrición de los  Niños, Niñas o Adolecentes (en adelante NNA) menores de 18 años del hogar. (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2000; 2005; 2007) ​El programa está focalizado en grupos en pobreza y pobreza extrema, víctimas de la violencia y grupos indígenas. En 2012, con la Ley 1532, el programa se convirtió en la principal estrategia de superación de la pobreza como una política de Estado. Con esto, se delegó la coordinación y dirección del programa al Departamento de Prosperidad Social (en adelante DPS) dependiente de la Presidencia. ​Actualmente, 2.203.038 familias hacen parte del programa y reciben 175.000 pesos colombianos (44 USD). 

El programa tiene dos componentes. Primero, los incentivos monetarios a cambio de que los menores de 6 años tengan controles médicos o que los NNA entre 6 y 18 años asistan al 80% de las clases. Segundo, el bienestar comunitario que incluye la participación en asambleas, la selección de madres líderes2 y encuentros pedagógicos. Las titulares pueden ser excluidas si no cumplen las metas del programa, hay inconsistencias en su información o mejoran su condición económica de acuerdo al Sisbén. (Ley 1532 de 2012, Art. 14; Departamento de Prosperidad Social, 2019, p. 29)

Asistencia social y vigilancia

La asistencia social es uno de los escenarios privilegiados para cuestionar la vigilancia por parte del Estado. En este entramado institucional existe una lógica en la que se percibe como necesario analizar a las personas pobres. (Eubanks, 2006; Hughes, 2019; Monahan, 2017) Desde el Estado se argumenta la necesidad de recolectar información personal para entregar servicios sociales, sin embargo, los estudios sobre vigilancia han señalado que esta práctica también tiene un deseo de control social. (Hughes, 2019, p. 343) La preocupación por la privacidad de los sujetos en contextos de desigualdad debe preguntarse cómo se moldean los comportamientos sociales en función de un perfil institucional determinado. En este sentido, vale la pena explorar de qué manera las dinámicas de FA funcionan como mecanismos de control social sobre las mujeres en condición de pobreza y cómo podrían afectar su autonomía y dignidad.

Sobreexposición a la vigilancia

La focalización de programas sociales incluye la recolección y análisis de datos personales para determinar el "merecimiento” individual. En programas como FA, las mujeres han sido víctimas de una vigilancia que limita su autonomía y las enmarca en estereotipos que producen los gobiernos. En esta sección vamos a explorar cómo se vigila a las mujeres en el programa Familias en Acción.

Verificación a través del Sisbén

En 2016, el Gobierno comenzó a recolectar nuevos datos para “predecir la capacidad de generar ingresos" de las personas. Además, introdujo la verificación automática de la información que las personas reportan con 34 bases de datos públicas y privadas. (López, 2020) Cuando hay una inconsistencia, se marca a la persona “en verificación” y puede ser excluida de programas sociales. Igualmente, el Gobierno tiene control regulatorio sobre las incongruencias que pueden generar una marcación. (Departamento Nacional de Planeación DNP, 2017)

El Sisbén hace visible la feminización de la pobreza3 y cómo la verificación recae principalmente sobre ellas. Las mujeres son la mayoría de las personas en el Sisbén (Departamento Nacional de Planeación DNP, 2020), así como son mayoría en los grupos de pobreza y pobreza extrema. (Figura 1) Sin embargo, estas cifras son representativas para antes de la pandemia de COVID 19 y las mujeres han sido más afectadas por esta crisis (Departamento Administrativo Nacional de Estadística y Departamento de Economía de la Universidad Javeriana, 2021). Por eso, para 2020 en adelante se espera que las mujeres aumenten en los grupos más empobrecidos.

Figura 1

Total de personas en condición de pobreza según Sisbén desagregado por género

Fuente: Construcción propia a partir de (Departamento Nacional de Planeación DNP, 2020)

En los pilotos de verificación de 2014, se evidenció que las causales de la vivienda están igualadas en género, pero las causales de ingresos generan diferencias de género claras. (Figura 2) En la causal “aporte a seguridad social”, el DNP marca a las personas que pasan del sector informal o el desempleo hacia la formalidad. Esta causal afecta más a los hombres que a las mujeres, mientras que la causal “cónyuge/hijo de persona reportada” las afecta más a ellas. Por esto, la verificación de los datos del nuevo Sisbén de datos personales como salud, educación, gasto e ingresos podrían reproducir las inequidades.  

Figura 2

Total personas marcadas “en verificación” desde 2014 hasta 2020 por género.

Fuente: Construcción propia a partir de (Departamento Nacional de Planeación DNP, 2020)

Verificación de las condicionalidades de FA

La verificación del Sisbén solo es la puerta de entrada, pero FA tiene procesos de verificación que pueden generar también su exclusión del programa. La vigilancia de FA ocurre en diferentes espacios y depende de medios tanto tecnológicos como redes de personas que reportan datos al sistema. 

Primero, el componente de salud que requiere la asistencia a chequeos para NNA menores de seis años. En este proceso se identifica a los NNA menores de seis años y se verifica su inscripción en una aseguradora de salud y una prestadora de servicios. Estas instituciones reportan los datos a Prosperidad Social sobre las asistencias a chequeos médicos. (Departamento de Prosperidad Social, 2019a)

Segundo, los compromisos educativos que requieren la asistencia de los NNA al 80% de las clases de una institución educativa. El proceso se realiza en conexión con las bases de datos del Ministerio de Educación y los reportes de actores como las instituciones educativas y funcionarios del DPS. (Departamento de Prosperidad Social, 2020)

La verificación de compromisos de FA consta de una compleja red de actores que reportan información. Con esto, la permanencia del beneficio depende de negociaciones con actores. Es necesario analizar la experiencia de las mujeres en el sistema, las cargas de tiempo y sus estrategias de negociación. (Departamento de Prosperidad Social, 2019a)


Punitivismo y limitaciones en el uso de su tiempo 

Las condicionalidades de FA se establecen de manera punitiva. Es decir, de no llegar a cumplir con los requisitos del programa, la persona beneficiaria se ve en riesgo de perder el incentivo económico y cualquier otro beneficio ligado a este. Esto impacta directamente la experiencia de las mujeres-madres beneficiarias, pues el Estado las ha hecho responsables exclusivas de la titularidad del programa. Esta situación las ubica en una posición de presión desproporcionada en relación con otros integrantes del hogar. Cuando el Estado no se cuestiona la división sexual del trabajo y construye las condicionalidades desde el punitivismo, está afectando la vida productiva de las mujeres y su potencial autonomía. 

Esta carga excesiva se expresa en la dificultad de encarar los requisitos que imponen las TMC, llevando a las beneficiarias a mentir sobre su situación laboral, reportar menos ingresos y ocultar gastos que no se ciñen a las condicionalidades. (Eubanks, 2018, Monahan, 2017) Los estereotipos socio-culturales ligados a la imagen de madre cuidadora, junto con la idea de responsabilidad individual, legitiman la dimensión moral de estos programas sociales. Además del tiempo que las mujeres deben invertir para que los menores del hogar no incumplan las condicionalidades, son impulsadas a participar en procesos de “formación” que buscan la modificación de sus comportamientos.

En FA, por ejemplo, las mujeres-madres beneficiarias deben hacerse cargo de los errores de las prestadoras de salud o de las entidades educativas cuando estas no reportan de manera oportuna la información. Es decir, ellas deben solucionar los errores del reporte cuando no reciben el incentivo económico habiendo cumplido con las condicionalidades. Aunque esta situación afecta directamente el ingreso económico de la familia, la responsabilidad de respuesta recae, junto con el tiempo invertido en el proceso, en la madre titular. Los errores del sistema, entonces, terminan por imponer más cargas a las que ya se encuentran sujetas las beneficiarias del programa. 


Disciplinamiento y mujeres-madres como prestadoras de servicio

En FA, así como en el entramado institucional de la política social en Colombia, existen valores que se imparten desde el Estado para modificar el comportamiento de los pobres a través de requisitos a cambio de un beneficio económico. (Mason, 2016, p. 70) Actualmente, FA establece componentes de nutrición, derechos sexuales y reproductivos, inclusión financiera y demás módulos4 que estructuran su visión moral sobre la maternidad. En esta sobreexposición de las mujeres pobres a la injerencia estatal, la modificación del comportamiento parte de una dimensión moral sobre sus actuaciones.

El Estado justifica la entrega del dinero a las beneficiarias “como una medida de discriminación positiva y de empoderamiento del rol de la mujer al interior de la familia”. (Ley 1532 de 2012, Art. 10, Para. 2) Esta afirmación no solo carece de una perspectiva crítica de género, sino que demuestra que el rol se valora siempre que se dé dentro del esquema de familia nuclear tradicional: el “empoderamiento” existe al margen de su papel como cuidadora y administradora dentro del hogar. El perfil institucional de madre alrededor de las condicionalidades punitivas, sumado a estas afirmaciones, sustenta la idea de que las mujeres-madres son priorizadas en función de su papel como madres y prestadoras de un servicio y no como el de sujetas de derecho. 

Las mujeres-madres beneficiarias deben demostrar una “idoneidad moral” que está ligada al adoctrinamiento de su vida sexual-reproductiva y su desempeño como madres. En el caso de las beneficiarias hay ciertos perfiles que se valoran y moldean desde el Estado: para recibir el beneficio económico hay que demostrar que se es “buena madre” a partir de unos lineamientos institucionales establecidos. Desde esta perspectiva, el Estado es una institución que practica la regulación moral adaptando las normas y valores culturales sobre los "buenos comportamientos” en derechos y responsabilidades. (Brock, 2003 citado en Gazso, 2012) El componente de formación de FA que incluye “competencias ciudadanas y comunitarias”, junto con la responsabilización de las madres por participar en las actividades de “beneficio colectivo” del programa, construyen una imagen institucional de “buenas madres” que es premiada o castigada según el caso. Nuestra observación se dirige a señalar que estos valores no son neutrales y que, por el contrario, responden a un perfil de responsabilización individual determinado.  

Conclusiones

El caso de FA alerta sobre el aumento de la vigilancia sobre las mujeres empobrecidas. Ellas son la mayoría de la población en pobreza y las que más dependen de programas sociales. Por esto, son blanco de vigilancia sobre su condición socioeconómica en el Sisbén y sobre el cumplimiento de las condicionalidades en FA. Esto ocurre por medio de bases de datos compuestas de reportes de muchos actores. Además, las mujeres son responsables por los errores del sistema, pues son ellas las que pierden los beneficios y las que tienen la carga de solucionarlos. Con la expansión de sistemas intensivos de datos, las mujeres serían las más afectadas tanto en el Sisbén por su pobreza y en FA por su género y su rol de madres.

Las condicionalidades punitivas de FA imponen una carga diferencial sobre las mujeres, pues son ellas las responsables no solo de la participación de los NNA en los componentes del programa, sino que deben participar en el bienestar comunitario. Estas características reproducen la idea de que los programas sociales dependen del merecimiento. Así, el Estado instrumentaliza a las mujeres-madres en función de su parentesco con los verdaderos titulares del beneficio, es decir, los NNA del hogar. De esta forma, las mujeres se convierten en las intermediarias entre el Estado y la superación de la pobreza. El análisis crítico de los estereotipos sobre la maternidad en FA y la política social permite entender los impactos del cumplimiento de unos deberes impuestos sobre la autonomía de las mujeres.

Recomendaciones 

  • Los gobiernos que implementan sistemas automatizados de análisis de datos no deben utilizarlos para vigilar o poner sospechas sobre el cumplimiento de las condicionalidades de los programas.

  • Los gobiernos deben ser transparentes con los procedimientos y los datos utilizados cuando se automatiza una decisión dentro del sistema de protección social. 

  • Los gobiernos no pueden utilizar sistemas automatizados para castigar o poner cargas desproporcionadas sobre las mujeres en condición de pobreza, pues limitan su autonomía aumentando la inequidad de género.

  • Las organizaciones de la sociedad civil que trabajan sobre derechos humanos en contextos digitales deben abandonar los principios abstractos y centrarse en los procesos internos de los sistemas de datos en aplicaciones que impactan diferencialmente a las mujeres.

  • Las organizaciones feministas deberían solicitar plena transparencia sobre los datos y los procesos utilizados para los programas sociales que se centran en las mujeres para alertar sobre los problemas de la vigilancia y automatización de procesos.


Referencias

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Consejo Nacional de Política Económica y Social. (2007). Documento CONPES 3472 Concepto favorable a la Nación para contratar empréstitos externos con la banca multilateral hasta por US $1.500 millones, o su equivalente en otras monedas, con el fin de financiar la puesta en marcha de la expansión del programa Familias en Acción 2007 – 2010. DNP. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/CONPES/Econ%C3%B3micos/3472.pdf 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística, y Departamento de Economía de la Universidad Javeriana. (2021). COVID-19: Brechas de género en el mercado laboral. DANE. https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/genero/informes/Informe-participacion-mujer-mercado-laboral-2.pdf 

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